El Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, y la Ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca Jones, entre otras altas autoridades, mantuvieron el pasado lunes un almuerzo de trabajo con la comunidad GLBTI (Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales), para revisar los compromisos adquiridos en el último encuentro realizado en diciembre de 2013.

El Jefe de Estado informó, en el Enlace Ciudadano 387, que entre los compromisos revisados constan los avances en la investigación de 20 asesinatos a transexuales y la discriminación laboral por su orientación sexual.

El Primer Mandatario anunció la inclusión en el Código Laboral de una sanción para los empleadores que discriminen a los trabajadores por su orientación sexual; además indicó que la “unión de hecho” deberá constar como un estado civil en la cédula de ciudadanía.

El Presidente Correa al reflexionar sobre las demandas y necesidades de estos grupos aseguró que el Gobierno Nacional mantendrá el diálogo con el colectivo GLBTI. En este sentido, es importante destacar que el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social encabeza el proceso de formulación de política pública integral para las personas LGBTI, respondiendo al encargo del Presidente de la República, para lo cual creó una mesa de trabajo interinstitucional.

En dicha mesa participan: Senplades, Ministerio de Relaciones Laboral, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo, Consejo de la Igualdad de Género, además de otros actores como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En el marco de la construcción de esta política pública, en la mesa coordinada por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social se articulan todas las acciones realizadas por las diferentes instituciones del Estado con el fin de garantizar un acceso integral y sin discriminación a las personas LGBTI, en lo laboral, salud, educación, justicia, derechos humanos, defensoría pública, seguridad, inclusión económica y social.

Esta articulación permite atender las necesidades de las personas LGBTI de manera integral y coordinada. Es la primera vez en toda la historia del Ecuador que el Estado visibiliza a los grupos LGBTI y se plantea construir una política pública integral para construcción del buen vivir, bajo el principio de igualdad y no discriminación.

El compromiso del Estado es garantizar el ejercicio pleno de los derechos de estos colectivos, con acciones que incluyen:

EN LO LABORAL

a) Inserción y garantía de estabilidad en el trabajo.

b) Propuesta de reformas para garantizar los derechos al grupo GLBTI en el nuevo Código de Trabajo.

EN SALUD

a) Atención diferenciada para los grupos GLBTI en los servicios de salud pública.

b) Acceso al tratamiento para VIH/SIDA (antirretrovirales).

c) Fomento de campañas y políticas en materia de salud integral para el grupo GLBTI.

EN EDUCACIÓN

a) Cumplimiento del acceso, respeto, permanencia y continuidad en el sistema educativo del grupo GLBTI.

b) Promoción de la No discriminación por identidad de género y orientación sexual.

EN JUSTICIA Y DEFENSA DE LOS DERECHOS

a) Asesoría para denunciar la vulneración de los derechos del grupo GLBTI y acompañamiento para asegurar la restitución de los mismos.

b) Inclusión normativa para brindar un trato amigable y especializado para este grupo de la población.

c) Eliminación definitiva de prácticas de tortura ejercidas por supuestos centros de adicciones (clínica de deshomosexualización).

DERECHOS CIVILES

a) Reconocimiento de la Unión de Hecho.

DEFENSORÍA PÚBLICA

a) Difusión y promoción de los derechos del grupo GLBTI.

b) Impulso de Acciones de Protección para el registro de uniones de hecho en el Registro Civil.

COMPROMISO PRESIDENCIAL

a) Análisis de la situación actual de las personas LGBTI.

b) Construcción de un módulo de capacitación para funcionarios públicos con el fin de sensibilizar a las/los prestadores de servicios.

c) Construcción participativa de una política pública.