Entidades gubernamentales revisan avances a favor de los derechos de las personas con discapacidad

La Secretaría Técnica del Plan Toda Vida, basada en su rol articulador de El Gobierno De Todos, organizó la segunda Mesa Bilateral con la presencia de representantes del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades  y BanEcuador; con el objetivo de revisar las acciones del Gobierno ecuatoriano para brindar una respuesta pertinente ante las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; en relación al Componente 2 de la política pública de la Misión “Las Manuelas” sobre la promoción de la seguridad de los ingresos de las personas con discapacidad para alcanzar niveles de vida adecuados.

En esta mesa técnica también se analizaron posibles estrategias para alcanzar el Objetivo Estratégico 4 del Programa Iberoamericano de Discapacidades, el mismo que busca promover el ejercicio de los derechos laborales y sindicales en el ámbito público y privado.

Durante el desarrollo de la Mesa Bilateral, Irene Valarezo, técnica de la Subsecretaría de la Misión “Las Manuelas”, se refirió acerca de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como el instrumento jurídico más importante que tienen los Estados para reivindicar la lucha histórica por el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

“Con la aprobación de la CDPD, se deja de lado el Modelo Médico-rehabilitador, por lo que la discapacidad es abordada desde el Modelo Social y de Enfoque de Derechos Humanos; proponiendo que la discapacidad no se encuentra en la persona sino en las barreras arquitectónicas, en las actitudes negativas y en la exclusión a la cual se enfrentan diariamente”, indicó Valarezo.

En este espacio de trabajo cada entidad intercambió experiencias, dudas y observaciones referentes a las estrategias para establecer políticas públicas encaminadas a la seguridad de los ingresos y acceso laboral de las personas con discapacidad. Finalmente, se recogieron compromisos institucionales para continuar potenciando esfuerzos que promuevan la articulación para alcanzar las recomendaciones que estipula Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.