• ECUADOR RINDE SU 6º INFORME PERIÓDICO AL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

El Gobierno Nacional reiteró una vez más su firme compromiso con los Derechos Humanos y con los mecanismos internacionales de protección, al presentar toda la información relativa a los avances del país en cuanto a Derechos Civiles y Políticos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y al lograr un diálogo constructivo con el Comité durante la presentación de su sexto informe los días 27 y 28 de junio en la ciudad de Ginebra, Suiza.

El Comité de Derechos Humanos es el órgano creado en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y establece en el artículo 40 que  todos los Estados Parte deben presentar y defender periódicamente su informe.

El Comité, tal como señaló el presidente de ese órgano, no es una instancia de juzgamiento, sino un grupo de expertos que formulan recomendaciones a todos los países para alentar el mejoramiento continuo en la implementación y monitoreo de los derechos humanos.

Como al resto de países, el Comité ha hecho varias recomendaciones a Ecuador. Muchas de las recomendaciones del Comité son consistentes con los principios que impulsan las políticas del nuestro gobierno soberano y Ecuador se compromete con la ampliación constante de los derechos.

Algunos otros puntos del informe del Comité se basan en alegaciones sin sustento, y sobre ellos, el Estado ecuatoriano mantiene serias discrepancias.

• ECUADOR: CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA

Desde el 2007, Ecuador ha emprendido un arduo camino hacia la transformación del Estado y el reconocimiento esencial de todos los derechos y libertades como parte fundamental del proceso de construcción la ciudadanía, lo cual supone además grandes desafíos de tipo político, económico y jurídico. Desde 2009, cuando Ecuador presentó su 5to Informe Periódico al Comité, se ha avanzado en medidas sustantivas para garantizar los derechos consagrados por los instrumentos internacionales, y por la Constitución de la República, marco legal que inaugura en Ecuador el Estado constitucional de Derechos y Justicia.

Ecuador es uno de los países que más compromiso ha demostrado con los Derechos Humanos en el escenario internacional a través de la firma y ratificación de todas las Convenciones vigentes sobre la materia en el ámbito interamericano y universal.

Este compromiso fue ampliamente saludado por el Presidente del Comité de Derechos Humanos durante la defensa del informe de Ecuador en junio pasado, quien señaló que se debía celebrar que Ecuador pueda enorgullecerse de este hecho.

Sobre este punto, el informe de observaciones del Comité publicado la mañana de este día, señala que:

“El Comité expresa su reconocimiento por la oportunidad de reanudar su diálogo constructivo con la delegación de alto nivel del Estado parte sobre las medidas adoptadas por este durante el periodo que se examina para aplicar las disposiciones del Pacto. El Comité agradece al Estado parte las respuestas ofrecidas oralmente por la delegación, así como la información adicional que ha facilitado por escrito.”

El Comité, además, celebra las amplias medidas legislativas e institucionales adoptadas por Ecuador para la protección de los Derechos Humanos, entre ellas:

• Código Orgánico Penal,
• Ley Orgánica para los Consejos Nacionales para la Igualdad,
• Ley para la Reparación de Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad,
• el Plan Nacional del Buen Vivir,
• Ley Orgánica de Discapacidades,
• Ley Orgánica de Educación Intercultural,
• el Plan Nacional Integral para erradicar los delitos sexuales del sistema educativo,
• el Plan Plurianual para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural.

Por otra parte, el Comité acoge con satisfacción la ratificación de los siguientes instrumentos internacionales:

• El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
• El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
• La Convención Internacional para la Protección Internacional de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada.

Además, el Comité recoge varios avances y recomendaciones sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, erradicación del trabajo infantil, derechos de las personas privadas de la libertad y otros temas fundamentales de Derechos Humanos.

Adicionalmente, en su diálogo con Ecuador, el Comité realizó un gran número de preguntas sobre temas como: políticas de inclusión para personas con discapacidades; procesos electorales, avances de derechos de personas afroecuatorianas, políticas de refugio, educación intercultural, mecanismo nacional de prevención de la tortura; creación y dotación de un presupuesto a la Defensoría del Pueblo, combate a la trata de personas, entre otros temas.

Sobre todos estos puntos, el Estado ecuatoriano no ha recibido ninguna recomendación del Comité. Ello significa que el Comité ha acogido de forma positiva los avances evidenciados por el Ecuador, y además, no señala que existan violaciones a los Derechos Humanos.

PUNTOS PRINCIPALES DEL INFORME DE ECUADOR SOBRE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

• LA REDUCCIÓN DE POBREZA Y DESIGUALDAD

Ecuador, en sus intercambios con el Comité, resaltó su firme postura de reconocimiento del carácter indivisible, universal e interdependiente que tienen los derechos humanos. En este sentido, se coincide con la visión de muchos de los Relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de que la lucha contra la pobreza debe ser un imperativo de los Estados para poder garantizar todos los Derechos Humanos. La pobreza no es solo una cuestión económica; es un fenómeno multidimensional que comprende tanto la falta de ingresos como la carencia de las capacidades básicas para vivir con dignidad.

Ecuador ha alcanzado una histórica reducción de la pobreza extrema por ingresos, que desde 2007 se redujo a la mitad ubicándose en 2015 en 8,5%, mientras que la pobreza se redujo en una tercera parte, del 36,7% en 2007 al 23,3% en 2015.

Además, se debe destacar que el Comité fue informado sobre los grandes avances de Ecuador en reducción de la desigualdad.  Nuestro país es uno de los países de América Latina que más ha reducido la desigualdad en los últimos años: 6 puntos del Coeficiente de Gini entre 2007 y 2013, mientras que en América Latina se redujo en 2 puntos.

En cuanto a igualdad formal y material, Ecuador presentó al Comité importantes datos sobre todas las medidas encaminadas a garantizar la igualdad de género, intergeneracional, de discapacidades, de movilidad humana y de pueblos y nacionalidades.

• IGUALDAD DE GÉNERO

En materia de igualdad de género, el informe del Comité señala que nota con satisfacción las medidas adoptadas por el Estado en materia de igualdad de género así como los avances registrados en el ámbito laboral, incluyendo el descenso de las tasas de desempleo y subempleo de las mujeres.

En sus recomendaciones, el Comité fue enfático en señalar que acoge con beneplácito la información relativa a la participación de las mujeres en la vida pública, en particular en el servicio público, la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional.

La delegación de Ecuador señaló ante el Comité que nuestra función legislativa, la Asamblea Nacional, cuenta con una de las tasas de representación femenina más altas del mundo, con 43% de asambleístas mujeres.

Todos estos avances dan cuenta de la seriedad con la que el Estado asume la creación de leyes, institucionalidad y política pública para la protección, promoción y defensa de los Derechos Humanos. La construcción de este nuevo Estado sin duda será el legado para las futuras generaciones que estamos seguros sabrán defender todos los grandes avances.

• DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA POR MOTIVOS DE ORIENTACIÓN SEXUAL O IDENTIDAD DE GÉNERO

Otro de los temas abordados por el Comité fue la discriminación y violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género. La delegación ecuatoriana reconoció, en el diálogo, la deuda histórica del país con los colectivos LGBTI, pero también hizo un recuento de todas las políticas y acciones desarrolladas por el Gobierno. Se evidenció, así, el firme compromiso de las más altas autoridades del Estado para avanzar en esta materia.

Sobre este tema, el Comité señala en su informe que:

“Nota con satisfacción las medidas adoptadas por el Estado parte en relación con los derechos de las personas LGBTI y encomia la inclusión de la prohibición de la discriminación, entre otras, por razones de identidad de género y orientación sexual en la Constitución.

Esta medida se fortalece con la tipificación y sanción de los delitos de discriminación y de odio, contenidos en el Código Orgánico Integral Penal de 2014”.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

La violencia contra las mujeres es, quizá, una de las cuestiones más importantes y más complejas en materia de Derechos Humanos. La transformación de modelos patriarcales, arraigados durante décadas, es una meta que trasciende los tiempos políticos, e implica una adecuada coordinación entre distintas instancias estatales en la elaboración de marcos legales y procedimientos de actuación. También, la erradicación de la violencia contra las mujeres exige dotaciones presupuestarias suficientes y sostenidas en distintos niveles de gobierno.

La delegación ecuatoriana puso a disposición del Comité amplia información sobre los avances y logros del Ecuador, frente a lo que el Comité ha respondido que toma nota de las numerosas medidas adoptadas por el Estado parte para combatir y sancionar la violencia contra la mujer, y  también recomienda al Estado redoblar los esfuerzos para poner fin a toda violencia contra las mujeres.

Sobre ese punto, además, se debe destacar que Ecuador es uno de los pocos países que cuenta, desde 2007, con un Plan Nacional dirigido a abordar integral e intersectorialmente la violencia de género. El Plan congrega a las cinco funciones del Estado.

También, en su informe, el Comité señala que tomó nota de las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano parte para prevenir, erradicar y sancionar los casos de abuso y violencia sexual en centros educativos y recomienda al Estado, redoblar sus esfuerzos con miras a prevenir, combatir y sancionar de manera eficaz los abusos y la violencia sexual en los centros educativos.

COMISIÓN DE LA VERDAD

De otra parte, el Comité señaló que nota con beneplácito que la Comisión de la Verdad presentó su informe final “Sin verdad no hay justicia” en 2010 y acoge con satisfacción la adopción de la Ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008, en 2013.

Este es un importante reconocimiento a nuestro país, que se ha esforzado por investigar y sancionar graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas por Gobiernos anteriores. El Ecuador se convierte así en un referente regional y mundial en la provisión de justicia y de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado, una lacra que asoló América Latina en décadas pasadas. La lucha por justicia, la  memoria, el reconocimiento y la reparación a las víctimas son elementos imprescindibles para construir una sociedad en paz.

• CONDICIONES DE DETENCIÓN Y PODER JUDICIAL

En cuanto a las condiciones de detención y violencia en las prisiones, el Comité señaló que toma nota de los esfuerzos desplegados por el Estado parte para mejorar la infraestructura penitenciaria y combatir el hacinamiento.

Con respecto al poder judicial, el Ecuador ha desplegado importantísimas acciones a favor de la transformación de la justicia. Un primer punto es la presencia judicial en el país que antes era tremendamente deficiente y que ubicaba al Ecuador en las tasas más bajas de cobertura judicial de América Latina. Ecuador ha superado la meta planteada al 2017 de 12 Jueces por cada 100 mil habitantes llegando en el 2015, a la tasa de 12,80, que representa a 2.083 jueces que garantizan la capacidad de resolución de causas en el país.

Esto ha permitido que los índices de satisfacción ciudadana que antes, históricamente todos sabemos, no llegaban ni a 7 u 8 % de satisfacción y confianza en la Función Judicial en el pasado, en el año 2014 llegamos a una medición de confianza de 61 % de satisfacción, que son niveles muy altos, aún podemos hacer más, sin duda. En el año 2015 el 62 % de satisfacción y confianza del sistema y sabemos que esto puede mejorar aún más. Pero, comparado históricamente con los niveles de insatisfacción, hay un salto cualitativo en los niveles, enorme.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y REUNIÓN PACÍFICA

Sobre Libertades de expresión y reunión pacífica, Ecuador dialogó con el Comité sobre el desarrollo de las marchas de oposición política de 2015. Sobre este punto, la delegación ecuatoriana evidenció graves episodios de violencia ocurridos en dichas manifestaciones. A este respecto, el Comité menciona que tomó nota de la información de que algunos manifestantes habrían recurrido a la violencia contra las fuerzas de seguridad y mantenimiento del orden, actos que el Estado parte puede legítimamente someter a investigación. 

La Policía Nacional cuenta con estándares para el uso progresivo de la fuerza en manifestaciones públicas. En los hechos mencionados, jóvenes policías, hombres y mujeres, resistieron agresiones de forma estoica conforme el marco jurídico y protocolos vigentes. La policía precauteló la seguridad de los manifestantes y no manifestantes hasta el retiro pacífico y voluntario de los manifestantes y ha procedido a cumplir el procedimiento llegando en los casos específicos a la detención de las personas que cometieron un acto violento para ponerlas ante la autoridad judicial competente.

Este hecho se verifica, en que no exista ni una sola denuncia en la unidad de investigación de actuaciones policiales de la institución sobre uso excesivo de la fuerza a civiles por parte de personal policial producto de protestas. Cabe manifestar que la unidad señalada inició de oficio una investigación en atención a declaraciones públicas en un medio de comunicación por un presunto abuso policial. Las personas denunciantes nunca presentaron información para apoyar dicha investigación.

En lo que respecta a la situación de la libertad de expresión, Ecuador también discutió con el Comité todos los avances que implica la Ley Orgánica de Comunicación y reiteró que la misma se encuentra en perfecta sintonía con todos los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, que además del derecho a la libre expresión reconocen el derecho a no afectar la honra de las demás personas.

Ecuador considera derechos fundamentales a la libertad de expresión, el derecho a la  comunicación y el derecho a la información. Por eso, como todo derecho, se debe ampliar y democratizar. No se puede olvidar que, durante más de tres décadas, el control de los medios de comunicación se ejerció por parte de un reducido grupo de personas y empresas. En contraste, el nuevo escenario ecuatoriano establece un reparto mucho más equitativo, en un tercio, de frecuencias de radio y televisión, para medios comunitarios, privados y públicos, a través de un concurso público, respectivamente.

El informe del Comité señala que en cuanto a la Ley Orgánica de Comunicación, la información proporcionada evidencia que la misma consagra importantes principios relativos al derecho a la libertad de expresión.

Finalmente, es importante señalar que en el informe del Comité constan algunas de las alegaciones que el Comité recibió, que han sido remitidas por las mismas organizaciones políticas opositoras que buscan desprestigiar la imagen del país. Ecuador rechaza de manera tajante todas las alegaciones infundadas de dichas personas y organizaciones.

En ese marco, Ecuador acoge con mucha satisfacción la recomendación del Comité de Derechos Humanos para iniciar amplias consultas con organizaciones de la sociedad civil sobre los temas tratados por el Pacto Internacional de Derechos Humanos, y compromete todos sus esfuerzos para que en el escenario internacional todas las organizaciones nacionales puedan tener el espacio de expresarse y contar con una representación adecuada de las más de 77.200 organizaciones sociales registradas formalmente en el país y de las miles de asociaciones más que existen en cada rincón del país.

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